**La retención del Boeing 747 con matrícula venezolana ha provocado una sucesión de eventos que intentan torpedear las relaciones internacionales de Argentina**

CIUDAD MCY.- La prensa argentina está conmocionada desde el pasado 6 de junio por un evento direccionado por la oposición al gobierno de Alberto Fernández y organizaciones israelíes para atacar no solo a la corriente peronista, sino también a Venezuela e Irán como objetivos geopolíticos.

La retención del Boeing 747, con matrícula venezolana,ha provocado una sucesión de eventos que intentan torpedear las relaciones internacionales de Argentina, sin que autoridades locales hagan el manejo adecuado del caso.

La aeronave de carga,perteneciente a la Empresa de Transporte Aerocargo del Sur, S.A. (Emtrasur), compañía creada por el Estado venezolano en noviembre de 2020, fue comprada a la línea aérea iraní Mahan Air, compañía que se encuentra en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN, siglas en inglés) de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC,siglas en inglés) del Departamento del Tesoro estadounidense, incluida bajo la denominación de «sanciones secundarias».

Cabe acotar que Emtrasur no está incluida en las listas de medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos, es decir, el Boeing 747 YV3531 no está sujeto a ninguna sanciónestadounidense, dato confirmado por el jefe de la Agencia Federal de Inteligencia argentina, Agustín Rossi.
Además, ninguno de los pasajeros que integraban la tripulación tenía ningún tipo de denuncia ni alerta roja. La carga del avión fue verificada de todas las maneras posibles. Se comprobó que la carga que estaba declarada era la que estaba en el avión.

Por ello se demuestra que la investigación que se está haciendo al avión venezolano de carga no se justifica y fue secuestrado en el aeropuerto de Ezeiza por las autoridades argentinas desde el 8 de junio junto con sus tripulantes (14 venezolano y cinco iraníes), a quienes, de acuerdo a reportes, se les ha privado de sus pasaportes y están siendo retenidos en Buenos Aires.

A sus tripulantes iraníes, desde agencias estatales extranjeras, se les acusa de terrorismo, de acuerdo a una designación estadounidense durante la administración de Donald Trump.

TRAMA INTERNACIONAL
La aeronave de carga provino de México, previa escala en Caracas, con el objetivo de transportar autopartes adquiridas por la empresa privada argentina SAS Automotriz SA, proveedora de la automotriz Volkswagen.

El 8 de junio voló hacia Uruguay con el objetivo de abastecerse de combustible, pero el ministro de Defensa de ese país, Javier García, declaró en rueda de prensa que él mismo desautorizó el aterrizaje del avión venezolano en suelo uruguayo debido a una alerta emitida por “agencias extranjeras”.

Después de habérsele negado el acceso al espacio aéreo uruguayo, el avión de Emtrasur regresó a Ezeiza, donde fue retenido.
El ministro argentino de Seguridad, Aníbal Fernández, dijo que había recibido información de organismos extranjeros que advertían sobre la pertenencia de parte de los tripulantes a empresas relacionadas con la Guardia Revolucionaria de Irán.

De hecho, las autoridades argentinas retuvieron el avión pero no a sus tripulantes, que tenían derecho de regresar a Venezuela mediante un vuelo comercial, hasta el sábado 11 de junio, cuando un abogado interpuso un amparo ante un juez federal, FedericoVillena, para que se definiera la situación de los 19 ciudadanos y también de la aeronave.

IRÁN Y VENEZUELA EN LA MIRA

Para el ministro Aníbal Fernández y el canciller Santiago Cafiero, la situación del avión venezolano secuestrado y su tripulación es un caso que le compete a la justicia argentina, sin declaración política aun por parte del gobierno de Alberto Fernández.

Lo político está presente debido a la ofensiva de diputados opositoresargentinos y a la participación directa de los organismos de inteligencia de Paraguay, Uruguay y EEUU en cuanto a la información sobre la aeronave y la tripulación.

Los legisladores forman parte de una alianza política lideradapor Waldo Ezequiel Wolff, exvicepresidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y actual presidente del International Council of JewishParliaments para Latinoamérica.

Tanto Wolff como la DAIA trajeron a la memoria pública y mediática el atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires el 18 de julio de 1994 como excusa para poner en la palestra el discurso anti-iraní, ya que el abogado penalista Alberto Nisman, asesinado por arma de fuego el 18 de enero de 2015, acusó al gobierno de Irán y al partido libanés Hezbolá del suceso en octubre de 2006, señalamiento que no ha sido demostrado.

Con el caso de la aeronave de Emtrasur, se pretende activar una campaña propagandística contra varios objetivos, entre ellos los gobiernos de Alberto Fernández y de Nicolás Maduro con la «trama iraní» de pivote.

Con eta operación mediática se pretende ejercer una presión política que buscaría impedir la reparación de las relaciones diplomáticas entre Buenos Aires y Caracas, aun cuando el canciller argentino respondió de manera moderada.

Esto ocurre luego del fracaso geopolítico de la IX Cumbre de las Américas convocada por el presidente Joe Biden en Los Ángeles, California, donde el mismo presidente Alberto Fernández sintonizó con el reclamo de exclusión de Venezuela, Cuba y Nicaragua de la cita multilateral.
Con el caso Emtrasur, el Gobierno de EEUU buscaría ocultar el fracaso de dicha Cumbre atacando a la República Bolivariana a través de Argentina. El trasfondo de la maniobra con el secuestro del avión de carga y sus tripulantes consiste en volver a posicionar en la agenda regional la extraterritorialidad y la lógica persecutoria de las medidas coercitivas unilaterales. Aun cuando fracasan constantemente para llevar a cabo los objetivos políticos y económicos de Washington.

Intentan resetear operación Puma contra Venezuela

El supuesto «terrorismo iraní» sirve como excusa pata desviar la atención sobre la «Operación Puma», un ejercicio hecho por el ejército argentino que tuvo como meta la invasión militar de Venezuela en 2019, durante la administración de Mauricio Macri. La Asamblea Nacional venezolana ha estado investigando el caso junto con representantes del peronismo y del mismo congreso sureño en Buenos Aires desde que se conoció el escándalo a principios de este año.

MARCOS GAVIDIA

Fuentes Telesur | Sputnik | Misionverdad